La Unidad de Inteligencia de The Economist, concluyó, a través de una de
sus investigaciones, que nuestro país, el Perú, es uno de los líderes en el
entorno propicio para la inclusión financiera.
Sin embargo, existen algunos retos por afrontar que permitan reducir la
desigualdad a través de la inclusión financiera como, por ejemplo, que sólo
tres de cada diez adultos tienen acceso al crédito; y que esos pocos que tienen
acceso radican en las regiones relativamente más ricas del Perú, según reportes
de la SBS.
El reporte Microscopio Global 2019 de The Economist, resalta la cooperación
que existe entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil para impulsar
la inclusión financiera, aunque, destaca que la demanda de servicios
financieros ha sido débil, debido a “la falta de productos que realmente
satisfagan las necesidades de la población diversa”.
¿Cuáles son los desafíos?
Entre los desafíos para generar mayor inclusión financiera está el de priorizar
el financiamiento para la productividad.
Jorge Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de
Microfinanzas (Asomif), que reúne a más de la mitad de entidades especializadas
del sector, comenta que se debería enfatizar la inclusión financiera
productiva, es decir, el otorgamiento de créditos en actividades productivas,
que ayude a las personas a salir de la pobreza y, así, reducir las
desigualdades.
Delgado plantea que el Estado debería generar un plan para que las
personas beneficiarias del Programa Juntos –que busca romper con la
transferencia intergeneracional de la pobreza– puedan acceder a un préstamo
productivo que les permita generar otras fuentes de ingresos.
Por su parte, Carlos Ríos, gerente general de Copeme, una organización
sin fines de lucro que reúne a las ONG especializadas en microcrédito, es más
crítico sobre los retos que afronta el sistema financiero para ser más
inclusivo.
Para Ríos, en la práctica, las entidades financieras están aprovechando
el avance de la regulación, el desarrollo del dinero electrónico y la
incorporación de la digitalización para otorgar más dinero a los que ya han
recibido financiamiento del sistema.
Desde Copeme propone que el regulador genere incentivos, a través de
menores provisiones que ayuden a las entidades financieras a disminuir los
costos que demanda llegar al segmento no bancarizado. Por otro lado, propone
que los líderes de las entidades financieras se comprometan a tener una meta de
inclusión de nuevos clientes no bancarizados.
En agosto último, el Ejecutivo lanzó el Plan Nacional de Inclusión
Financiera con una serie de metas al 2030 como: aumentar la participación de la
población adulta con alguna cuenta en el sistema financiero a 75%; incrementar
a 43% la participación de la población adulta con algún crédito con baja
probabilidad de incumplimiento y elevar al 100% la cobertura del sistema
financiero.
Para ello, la política también contempla medidas que se requieren
comenzar a implementar a la brevedad.
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Fuente: El
comercio